El pasado 10 de junio, entró en vigor la reforma a la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS para el estado de Nuevo León, misma que fue publicada en periódico oficial el 07 de junio del presente año.

 

Con la entrada en vigor de la reforma a la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINSITRATIVAS para el estado de Nuevo León, las PERSONAS FÍSICAS O MORALES COMPRENDIENDO A ESTAS ÚLTIMAS A LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PROPIETARIOS Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA MISMA, que sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, ESTARÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría o respectivo Órgano interno de control, en los términos previstos en la Ley.

 

Aunado a lo anterior, la Ley en comento no solo trasgrede los intereses de los socios o accionistas de la empresa proveedora de gobierno, sino que también establece el Artículo 39 que se computarán entre los bienes que adquieran los Declarantes los que reciban o de LOS QUE DISPONGAN SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DIRECTOS (HIJOS).

 

CONSECUENCIAS, de no presentar la declaración de manera correcta, en los términos y con las formalidades que exige la Ley, o de no justificarse fehacientemente que la procedencia del citado enriquecimiento fue licito, la Contraloría y los Órganos Internos de Control procederán a integrar el expediente correspondiente, para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo anterior aparte de la INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN del padrón de proveedores de gobierno y por su puesto SANCIONES ECONÓMICAS sumamente altas.

 

Otra afectación importante que trae consigo la reforma, es que los proveedores de gobierno, se ven obligados a implementar controles, manuales y políticas de organización, conductas, vigilancia, auditoría, recursos humanos etc.

 

Por lo anterior, es claro que con la entrada en vigor de dicha reforma  afecta directamente a las empresas y personas físicas que estén o sean contratados por cualquier ente público para dar algún servicio, sean concesionarios o permisionarios de un servicio público.

 

En estos términos, el medio de defensa procedente contra esta limitante, es el juicio de amparo, del cual conocen los Juzgados de Distrito adscritos al Poder Judicial de la Federación.

 

Es sumamente importante mencionar que nuestros amparos cuentan con un capitulo de suspensión, cuestión que es igual o mas importante que el propio amparo, toda vez que logramos que la persona física/moral NO tenga la obligación de estar cumpliendo con las normas que se consideran inconstitucionales e ilegales; en otras palabras, NO PRESENTAR LAS DECLARACIONES. Lo anterior ya ha sido estudiado y resuelto en casos análogos por diversos Juzgados de Distrito, y han tomado el criterio de conceder las suspensiones provisionales como las definitivas, por transgredir los derechos humanos

 

Para la interposición del citado juicio, con motivo de entrada en vigor de los reglamentos se cuentan con el plazo de 30-treinta días, desde la entrada en vigor mismo que fenece el día 19 de julio.

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